
La excusa que ha encontrado el Tribunal (presidido por un amiguete de Camps) es de lo más peregrina, y de lo más peligrosa: no ha lugar al delito pues los regalos que recibió (poco importa que Camps haya mentido en público, en sede judicial y en sede parlamentaria) el President lo hizo no en virtud de su cargo (¡?) sino como un detalle entre particulares y tampoco está demostrado que favoreciera a la trama. En definitiva, esta doctrina supune que cualquier cargo electo puede ya recibir prevendas de cualquier cuantía sin temor, pues no supone delito alguno mientras no se encuentre prueba que vincule dichas ofrendas con amaños. ¡Menudo disparate!
Desde El Editorial confiamos en la fiscalía y en el Tribunal Supremo, que seguro pondrán remedio al dislate. Entretanto, los populares se felicitan por tener a un presidente embustero y el TSJV... ¿legaliza la corrupción?
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