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Los poderes públicos están desconcertados. Conciliar las libertades ciudadanas, la libre circulación de la información y los derechos de autor con el poder cada vez mayor (y más incontrolable) de la Red está complicando las cosas a los políticos.
La semana pasada hemos asistido a un deplorable espectáculo, en el que los excesos de los unos y de los otros impiden un diálogo necesario y sosegado.
Los autores, los creadores en general, necesitan de un marco legal que proteja sus derechos, y que les permitan obtener un beneficio por sus obras. Los internautas tienen derecho también a una legislación que no limite su derecho a la información (a informar y a ser informados); pero no a aprovecharse de las creaciones de otro y, en pos de dicha libertad, llenarse los bolsillos. Y la industria (del disco, del libro, del cine...) debe adaptar sus procesos productivos a un nuevo entorno, si no quiere verse arrastrada velozmente por el viento de la Historia...
Desde "El Editorial", como medio de comunicación y de opinión en Internet, nos hemos sentido acongojados estos días con algunas insinuaciones por parte del Ministerio de Cultura.
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